Noticia: “El CACIF, los marroquinianos y los que se oponen a los impuestos aplauden la medida anticorrupción del Ministerio de Finanzas que prohíbe compras y contrataciones del Estado a empresas u ONGs que no publiquen quiénes son sus accionistas o dirigentes, en línea con las exigencias del G-20 para que Guatemala no caiga en la lista negra mundial de paraísos fiscales”.

Sí colocho. Ese aplauso no es todavía noticia porque en nuestro diálogo fiscal de sordos, el sector privado organizado y los neoliberales se oponen a los impuestos no sólo por la corrupción sino porque no cumplen con su responsabilidad ciudadana de contribuir lo que les corresponde. Así como, por lo general, al Gobierno de los Colom le choca la palabra transparencia. Pero bueno, la semana pasada se tomó una medida que se sale de ese guión y creo que vale la pena reconocerla.

En Finanzas, el ministro Fuentes y el viceministro Barrientos publicaron el Acuerdo que impide al Estado contratar a empresas y ONGs que no sean transparentes. Todas van a tener que informar quiénes son sus accionistas, dirigentes y miembros. Y les metieron un gol a los corruptos empresarios y políticos que usan al Estado para hacer negocios de préstamos (durante las campañas) y cobros (durante los tres años siguientes).

No es que se hayan inventado la receta anticorrupción, sino que es un aggiornamiento (una puesta al día) del país respecto del resto del planeta. Para los que creen que vivimos en una isla, les recuerdo que el G-20 –en el que están los países que representan dos tercios de la población mundial y 80% de la economía global- decidió en 2009 que no van a tolerar paraísos fiscales que corrompan y ensucien la economía mundial. Y nos dieron de plazo, a nosotros Guatemala, hasta noviembre para que transparentemos nuestro sistema financiero y fiscal (bancos y Estado). Y si no lo hacemos, nos sancionarán y prohibirán a sus empresas hacer negocios con nosotros, como ya lo hizo Francia.

¿Qué nos piden? Nos piden ajustarnos a la regla del siglo XXI: no se tolerará corrupción en la economía ni en las finanzas ni en la fiscalidad. Nos piden eliminar el secreto bancario, prohibir que empresas tengan acciones anónimas (al portador) –que se prestan para lavado de dinero y corrupción- e intercambiar información fiscal y financiera con otros países, para poder combatir el terrorismo, el crimen organizado y la evasión. El Congreso tiene en sus manos las iniciativas necesarias.

El admirado por la derecha Moisés Naïm dijo una sandez cuando le preguntamos qué opinaba sobre la evasión fiscal. Dijo que no era tan grave como el tráfico de niños. Obviamente no lo es. Lo que muchos empresarios y políticos no entienden es que la evasión fiscal y el dinero sucio que necesita lavarse –por ejemplo el de esos traficantes- utilizan la misma puerta para entrar a la economía limpia: la puerta de las sociedades anónimas y la ONG anónimas y el vacío de transparencia que representan.

Así, no sólo por la valentía de muchos ciudadanos y funcionarios, sino porque nos lo ordena la economía mundial, tenemos que afrontarlo. ¿Será que los empresarios y los diputados van a esperar a que nos sancionen para transparentar nuestra economía? ¿O será que lo haremos por las buenas aprovechando esta audaz y valiente iniciativa del Acuerdo Ministerial? De momento, sólo se escuchan las críticas y presiones de los corruptos y el silencio cómplice de los que dicen luchar por la transparencia. 

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