Todos tenemos derecho y obligación de protestar.
Peligrosa criminalización.

Encontré varias reflexiones sobre la protesta de los estudiantes. Una filósofa me dijo con tino que uno, o los grupos, o las generaciones, protestan por lo que les impacta, lo que sienten cercano, lo que les toca en tiempo y en espacio. Así en México fue por la manipulación de medios, en Chile por la gratuidad de la educación universitaria y acá es por la reforma que pretende convertir en un profesorado universitario la carrera magisterial.

No me convence el argumento estudiantil opositor a la profesionalización. Pero sí me parece indispensable que deba dialogarse para los detalles en una mesa en la que esté el Ministerio de Educación, los maestros organizados, los estudiantes organizados y la Universidad de San Carlos junto a otras universidades que ya incluyan en su historial promociones de profesorados –no se vale sacar ahorita carreras en papel y decir que ya son expertos para proponer pensa–.

Lo que no me cabe en la cabeza es cómo un columnista serio como Julio Ligorría, que hace toda una argumentación lógica y cortés, escriba la barbaridad de comparar a los estudiantes con mareros. Es el equivalente de llamar terroristas a los campesinos que protestan pacíficamente. Y es, además de equivocado, peligrosísimo y autoritario. En el imaginario nacional con los mareros no se dialoga, sino se les encarcela o mata (se hace limpieza social) y a los terroristas no se puede sino recibirlos a balazos en cualquier parte del mundo.

El disenso y el escepticismo, tan sanos en una democracia, no pueden ser descartados sin más. El país necesita un debate profundo sobre cómo dejar de tener una educación tan clasista y tan mediocre. No puede ser que no recaudemos impuestos suficientes (en especial de los que más tienen) para pagar guarderías públicas, educación inicial, preprimaria, secundaria –sólo 15 por ciento es pública y el resto es privada– y pagar mejor a más maestros con profesorados y licenciaturas universitarias. Tampoco que no sirvan los sistemas de becas ni las transferencias condicionadas. O que los estudiantes no tengan voz ni derecho de protestar (por más equivocados que estén); pues por cuestiones estructurales vaya si no tienen motivos para protestar y tomar escuelas.

PS. La semana pasada critiqué al bufete Díaz-Durán que denunció elPeriódico por usar a un mensajero como testaferro. Escribí que el jefe del bufete era decano de Derecho en la Universidad San Pablo, que envió una aclaración como si nunca lo hubiera visto. Corrijo: fue Decano en 2010 cuando presidió las Comisiones de Postulación (aunque no sé si había estudiantes en su facultad). Mientras, el decano era secretario general adjunto de Viva. Abogado y político “académico e independiente” para nombrar jueces, chulada.