Las encuestas les sitúan alrededor de 20 por ciento. Tras años de gobierno y posicionamiento, no es un número que asegure una victoria. No considero que esté todo dicho ni que estén todos los candidatos en el escenario ya. Me parece que falta un candidato de centro o centroizquierda, y falta un candidato criollo o uno que goce de la simpatía y la confianza de la élite.

A diferencia de Colom, que sí tiene panteón patricio capitalino y es de una izquierda muy light, su esposa tiene los “pecados” de ser mujer, mestiza, pueblerina, izquierdista y autoritaria; o sea, el diablo en persona. A mí no me parece que tenga las capacidades políticas ni los permisos constitucionales para ser una buena presidenta, pero sí me da un poco de asco la campaña de desprestigio en su contra por esos primeros cuatro “pecados”. Una campaña superficial, que por cuestionar a su círculo político de izquierda, no fiscaliza a su otro círculo, de operadores en temas de justicia, con relaciones con poderes oscuros.

Por su ideología de izquierda dura, pues, no es la candidata de centro que pueda enamorar a ese 40 por ciento de urbanos que prefieren una opción moderada a una de derecha conservadora. Si la UNE tuviera un poquito de inteligencia política, podría colocar un candidato moderado, medio de panteón patricio, que no provoca tantos resquemores en la élite, como es Roberto Alejos, presidente legislativo y constituyente. Y Sandra Torres podría ir al Congreso y se desactivaría parte de la polarización que se viene. De igual manera, no estoy seguro de si Alejos podría llenar ese vacío en la candidatura moderada.

Del lado de la derecha, aunque Pérez Molina va un par de pasos delante, entiendo que no goza de la confianza de la élite económica. Su condición de mestizo y ex militar de inteligencia no le hacen la primera opción. Su opción proselitista de “mano dura” mientras se persigue por la Cicig y el MP a una estructura acusada de hacer limpieza social tampoco me parece una jugada fácil. De igual manera, la élite todavía no tiene a un Arzú o un Berger —a uno de los suyos— por quien jugárselas. Harold Caballeros —pastor evangélico y sin tanto arrastre como se esperaba después de la inversión millonaria que ha hecho— podría ser una opción, aunque no llena todas las características.

Los nombres de Nineth Montenegro o Eduardo Stein no les son molestos, pero no sé si se animarán a apostar por alguno de ellos.

El panorama está árido en la derecha —que ahora echa en falta no haber institucionalizado un partido en tiempos del PAN, que formara cuadros y no tuviera que competir dividida—. El panorama del centro-centroizquierda no es menos desolador. Sin un partido fuerte, sin cuadros que se formen siquiera en las universidades, sin líderes innatos como el salvadoreño Funes o el ecuatoriano Correa, sin alguien de clase media urbana que pueda encabezar las reformas estructurales softly made que necesita el país, tienen poco que ofrecer al electorado.

Así que, bueno, el juego está abierto —los populistas de último momento no tienen chances—, así que no hay que apagar las luces y cerrar el teatro, que esto está sólo por comenzar.

PS. Ahora que está a punto de cerrarse el plazo para el proceso para elegir Fiscal General —ahora con algunas garantías porque la Comisión Postuladora está presidida por el magistrado Barrientos—, ¿no sería bueno pensar en Rony López, fiscal contra el crimen organizado, como un candidato? Es valiente, honesto y con carrera demostrada de lucha contra la impunidad y las mafias.

martinpellecer@gmail.com

Guatemala, paraíso fiscal

Enfurecidos por los últimos resultados sobre la lucha contra la impunidad o enfocados en la campaña electoral, los dirigentes empresariales y políticos guatemaltecos han dejado en el olvido o en la congeladora una tarea que tiene pendiente el país sobre la transparencia de la economía, y que seguramente nos acarreará sanciones comerciales fuertes que repercutirán en el capital y en el empleo de los guatemaltecos.

Como si no fuera con nosotros, casi nadie puso atención cuando hace cuatro meses un tal Pascal Saint-Amans, de una tal organización que se llama Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), dijo que Guatemala tenía seis meses para transparentar su economía y sus finanzas si no quería ser considerada un paraíso fiscal y atenerse a sanciones económicas globales.

Él es el portavoz del mandato que les dio el G-20, el grupo de los países más poderosos del mundo, que mueven más del 85% de la economía mundial. Este G-20 se hartó de que mientras los Estados rescataban con impuestos de los ciudadanos a los bancos responsables de la crisis financiera mundial, estos bancos y las empresas más grandes del mundo tuvieran una estructura muy bien aceitada para evadir y eludir impuestos. Esta estructura tuvo su auge desde los años setenta y descansa sobre los paraísos fiscales –que son circunscripciones sobre las que no hay regulaciones financieras ni fiscalizaciones.

El G20 ordenó sancionar comercialmente a los países que no cooperen para evitar el lavado de dinero y la evasión fiscal. A Guatemala la pusieron en una lista de 25 países o regiones en el mundo en las que no se coopera lo suficiente. La mayor parte de esos países sí se ha puesto las pilas y cumple ya con lo que la economía y la política mundial les demanda. Nosotros no. Junto a Brunei, Costa Rica, Uruguay y las Filipinas, nos damos el lujo de negarnos a transparentar nuestra economía y nuestro sistema financiero.

¿Cómo lo tenemos que cambiar? Evitando que las sociedades mercantiles no sean anónimas sino que se sepa quién es dueño de cada acción. O haciendo que la SAT tenga la capacidad de revisar las cuentas de los contribuyentes para ver si están dejando de pagar impuestos. O haciendo acuerdos de intercambio de información con otros países que fiscalizan el lavado de dinero. Es responsabilidad del Congreso modificar las leyes para cumplir con esta obligación internacional y no lo tienen en agenda para el próximo mes y medio. Ni los que reclaman transparencia en el sector público ni tampoco los grupos empresariales.

Y no es sólo por una obligación externa. Los guatemaltecos deberíamos hacerlo por convicción. La falta de transparencia en la economía y en el sistema financiero facilita la corrupción, la evasión fiscal y el lavado de dinero –que es convertir en dinero limpio el dinero que tiene su origen en ilegalidades-. Y es algo que nos atañe porque las cantidades de dinero ilícito en Centroamérica por narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de bienes naturales y culturales, corrupción, contrabando o evasión fiscal son enormes, y nos dañan todos los días.

Esos fondos ilícitos que se convierten en lícitos son los fondos que financian sicarios, terroristas y extorsionistas que después arruinan o acaban con la vida de guatemaltecos. Así que bueno, podemos seguir haciéndonos los locos –o “proteger a la economía” como dice la CC- y luego sorprendernos por sanciones como las que ya puso Francia hace un par de meses. O podemos decidir transparentar la economía, para, así sí, hacerla no sólo próspera, sino sostenible y más ética. Vea www.MartinRodriguezPellecer.com

martinpellecer@gmail.com

Escribo desde el periodismo, que no puede ser objetivo porque lo escribimos sujetos, no objetos; y esto es un consenso para el periodismo serio en el mundo. El periodismo puede aspirar a ser balanceado y honesto, a poner sobre la mesa todas las cartas para dar a los ciudadanos información sobre hechos que lleven a la verdad.

Poniendo las cartas sobre la mesa, no me es fácil escribir sobre la orden de captura contra Carlos Vielman, quien como ministro protegió a periodistas amenazados por políticos corruptos o hizo todo lo que tuvo a su alcance para rescatar a ciudadanos secuestrados, fueran ciudadanos de la élite o ciudadanos de a pie. Lo mismo para Emmanuel Rivera.

Y somos muchos los ciudadanos que denunciamos la limpieza social –que es asesinar a cualquiera que parezca delincuente-, que va contra la ética y la moral, y es contraproducente. La violencia engendra violencia. Matar a mareros o jóvenes pobres que tengan “cara fea” genera más mareros y más violencia. ¿Datos para comprobar que la limpieza social no funciona? Pues Guatemala, El Salvador y Honduras un 17 de agosto de 2010, tras años de políticas de limpieza social.

Si queremos combatir criminales, los tenemos que capturar, juzgar y encarcelar. Desarticular las bandas criminales y sacarlas de la sociedad. Eso es lo que funciona en el mundo. No podemos tener estructuras criminales en nuestras fuerzas de seguridad y para eso trajimos a la CICIG. No podemos combatir crímenes con crímenes, sino que tenemos que hacerlo con la fuerza pública y la ley.

Lo que esperamos es que la CICIG y el MP presenten pruebas contundentes para este caso; un caso que investigan desde el inicio de su mandato y que Castresana se tardó en presentar. Y que se condene a los culpables y se deje libres a los que no tengan las manos manchadas de sangre.

¿Cómo se conecta esto con Giammattei? La CICIG y MP creen que la estructura criminal de limpieza social y el Parlacen fue la que mató a mafiosos –que también eran personas- en la cárcel de Pavón. La primera reacción es la de “¿cómo van a enjuiciar al que mató criminales en Pavón que es un presidenciable opositor?” Sí, es difícil entenderlo a la primera pensada y uno esperaría que los colegios profesionales pensaran más veces las cosas antes de firmar comunicados.

Aplaudimos que las autoridades retomaran el control de Pavón de las manos de mafiosos. ¿Pero realmente lo tomaron y para eso mataron a 7 capos? ¿O las extorsiones desde las cárceles y las violaciones en las cárceles nunca terminaron? ¿No habrá sido para darle el control de Pavón a otras mafias y de paso que Giammattei pudiera ser el candidato oficialista en 2007? En vez de montar un show de asilos y huelgas de hambres, él debería nombrar un abogado defensor y explicar por qué la PNC mató gente en la cárcel cuando él la dirigía. Sólo eso.

No veo una persecución política. De hecho, creo que no obstruir la justicia en este caso que afecta a los amigos de la élite es lo más reformista que ha hecho el presidente Colom. Seguir casos de estructuras mafiosas en el Estado no es cortina de humo, es el mandato de la CICIG. Que no cunda el pánico, que aunque maree, en el tema de seguridad y justicia, lento y a tropezones, avanzamos en el camino correcto.

martinpellecer@gmail.com

Descanse en paz Manuel Ayau. Una persona que lideró a la élite económica y buena parte de la derecha de Guatemala a seguir una sola ideología es una persona admirable. Tesonero, buscador de la excelencia, franco, respetable como persona. Pero su fallecimiento es una oportunidad para debatir el legado de sus ideas.

Haberme graduado cum laude de Relaciones Internacionales en la UFM me da licencia y la obligación de aportar en este debate. Comparemos los principales discursos de Ayau en 1972 y 2008. Deslegitima y caricaturiza al resto de universidades del planeta, que por “ser de izquierda” no enseñan “la verdad”. La Marro sí que “la enseña”, de una manera religiosa. Entre 1972 y 2008 pasaron 36 años. Se cayó el Muro de Berlín, China se volvió capitalista, se firmó la paz en Centroamérica, los mercados provocaron un crack financiero y el papel del Estado en la economía se reconoce indispensable, como lo ha sido desde inicios del siglo XIX en el mundo capitalista. En esos 36 años no cambió el discurso de la Marro.

Su mundo se divide entre comunismo y capitalismo, y entre fracaso y éxito. Y Guatemala no tiene éxito porque “le sobra comunismo y Estado, y le falta liberalismo”. Esto sin tomar en cuenta que para el propio Banco Mundial, Guatemala tiene una de las economías más abiertas (con menos aranceles) y el Estado que menos impuestos recauda (entre 6 y 10 por ciento de 1945 a 2010); los países emergentes recaudan 25 por ciento. El Estado es tan débil que no puede hacer que no abusen de él los empresarios que quieren privilegios y las mafias que buscan impunidad. Y de 1954 hasta 1984, el país “se limpió” de “los comunistas” –50 mil desaparecidos y 200 mil muertos-. Vaya interpretación histórica equivocada (o negligente) de la UFM, ¿no?

Es un buen momento para que los que reciben la estafeta en la UFM hagan un aggiornamiento, una puesta al día. No es volverse socialistas, sino que cotejen su ideología con la realidad o con lo que están debatiendo el resto de derechas en el planeta.

Podrían revisar su bitácora de legitimaciones. Legitiman el egoísmo y la desigualdad. Legitiman la maliciosa visión de que “el pobre en Guatemala es pobre porque quiere”. Deslegitiman lo público. Deslegitiman la participación pública. Deslegitiman al Estado. Deslegitiman a la democracia. No cuestionan el racismo. Deslegitiman el derecho a igualdad de oportunidades y dicen que las oportunidades ya están repartidas “por suerte” y que hacer algo para cambiarlo es “una injusticia”. Esto cuando la ética mínima de cualquier moral, de cualquier religión, dice que no importa si uno nace en un hogar rico o pobre, debería tener igualdad de oportunidades para desarrollarse y ser feliz.

El mercado es más eficiente que el Estado en muchas cosas. Pero no hay que olvidar que la estructura económica del país fue construida por el Estado. Monopolios industriales o agrícolas no surgieron por arte de magia o eficiencia empresarial, sino por proteccionismos o favores estatales. Y los herederos de estos monopolios son ahora los activistas anti-Estado que forma la UFM, cuando deberían, por ética, ser los mayores impulsores de impuestos progresivos para pagar bienes públicos de calidad (educación, salud) para el resto de guatemaltecos.

El Estado tiene que dar bienes públicos como educación, salud o seguridad social. En Guatemala, desde su querido 1954, se trabajó porque cada quién se la busque como puede. El resultado: más de la mitad de pobres; educación, salud, seguridad y futuro para quien se lo pueda pagar; y claro, violencia. La ideología de la UFM, radical como pocas, no aporta para cambiar esto. Con el aprecio que tengo a muchos profesores y alumnos espabilados, aprovechen esta oportunidad histórica para debatir sus ideas, porque el país demanda y merece más de ustedes.

martinpellecer@gmail.com

Si uno sólo toma una fotografía de Guatemala, seguro que le dará  miedo. Si uno mira una película con una música que pone la entonación equivocada, dirá que cada vez estamos peor. Se agrava si uno tiene miopía para lecturas históricas o continentales. Pero no se preocupe don Francisco Dall’Anese, la cosa no es tan desoladora y, como relata un escritor guatemalteco, “antes estábamos pior”.

Hoy que inicia la versión 2.0. de la CICIG, vale la pena recordar que fue un invento de sociedad civil guatemalteca en 2003. Tuvo que pasar obstáculos legales, políticos y diplomáticos y justo un 1 de agosto de 2007 –a un mes de las elecciones- los guatemaltecos logramos su aprobación en el Congreso. Tres años más tarde es uno de los experimentos más exitosos de la ONU y Guatemala sabe por primera vez que puede enfrentar y derrotar a las mafias enquistadas en el sistema de justicia y seguridad, que son responsables de la impunidad en el país.

La CICIG –respaldada por la sociedad civil, la mitad de la opinión pública, muchas de las fuerzas políticas e instituciones del país y muchos ciudadanos-, logró activar equipos dentro de las instituciones de seguridad y justicia para enfrentar a los mafiosos. Hay una dinámica interesante entre la troika Ministerio de Gobernación-Comisión de Reforma de la PNC; Fiscalía Especial del MP; y jueces y magistrados valientes.

Castresana inició esta larga y dolorosa batalla. Se requerían agallas, capacidades técnicas y políticas. Castresana tuvo las tres y dejó iniciados procesos claves para el país. De lo que averigüé en Costa Rica y en pasillos internacionales, Dall’Anese es junto a Castresana uno de los expertos mundiales en la relación mafias-Estado, tiene muchas agallas, capacidades técnicas y políticas, y, además, mucha rigurosidad. Ha sido Fiscal General durante años y es centroamericano.

La vara la deja alta Castresana, pero agradeceremos que Dall’Anese no vaya diciendo fuera del país que aquí no hay nada que hacer contra la impunidad cuando tantos guatemaltecos arriesgan o sacrifican su vida por dejar a sus hijos un país más seguro, cuando hay avances y cuando tenemos resortes institucionales para quitar fiscales generales o perseguir exministros de Gobernación o repetir elecciones de magistrados de la Corte o encarcelar cúpulas policiales, expresidentes o empresarios de la élite.

No quiero decir que Dall’Anese debería ser tímido o callado. Me parece legítimo que se tenga una relación buena con la Prensa y que la sociedad sepa cuando hay apestados en las instituciones. Necesitamos un jefe de la CICIG que no sólo no le tenga miedo a la presión pública o a las campañas de desprestigio, sino que sepa manejarlas.

Julio ha sido el mes más violento que muchos recordamos. Granadazos y balazos al transporte público, descuartizados o el fin de semana más violento de la década con 60 muertes. Parece surreal pero es justo por lo que pasaron Colombia y México cuando empezaron a tener éxitos en la lucha contra las mafias y la impunidad. Y Colombia, que empezó la tarea en 1993 –y cuyas alcaldías empezaron a mediados de los noventa a enfrentar la violencia con ciudadanía- puede respirar hoy con futuro.

Toca prorrogar el mandato de la CICIG hasta 2016, aterrizar los casos que están avanzando y trabajar para que las capacidades instaladas en el MP, Gobernación, PNC, las cortes y, algún día, en el ejército, no sean reversibles. Y, no se preocupe don Francisco, que con trabajo arduo y buscando la justicia, la CICIG tiene todas las probabilidades de ser exitosa.

martinpellecer@gmail.com

No es que no existan las presidencias reformistas. Obama logró en dos años las complicadísimas reformas del sistema de salud y del sistema financiero, y ahora va por la reforma migratoria. Tres temas centrales de su país. Incluso el expresidente Arzú fue más reformistas que el presidente Colom: Creó la SAT y facilitó un pacto fiscal, empezó el caso Moreno, logró la firma de los Acuerdos de Paz, la diplomacia que reabrió relaciones con Cuba o incluso (para mal) las privatizaciones monopólicas. 

Pero, vaya oxímoron, el gobierno “socialdemócrata” no tiene nada de reformista. En la primera mitad de su gobierno aprobó la ley del Fondo de Petróleo para Petén, que distribuirá las regalías sin ninguna rendición de cuentas y de manera clientelar en ese departamento abandonado y corrupto. Además, sin aumentar regalías para el Estado de Guatemala y permitiendo a Perenco que toda su inversión sea descontable y pueda ser pagada por los impuestos de los guatemaltecos. 

Ahora prorroga el contrato a sabiendas que está en un área protegida que está contaminando –¿no sirvió de nada la lección del derrame en el Golfo de México?-. No sirvieron de nada las denuncias de valientes ambientalistas como Yuri Melini, que ojalá tengan respuesta en la Corte de Constitucionalidad.

El presidente Colom argumentó que en tiempos de crisis fiscal no se podía rechazar los ingresos que dará la petrolera francesa Perenco al Estado –que son mayores pero pírricos todavía en comparación con lo que las petroleras pagan en América Latina. Ciertamente hay crisis fiscal, pero por culpa del mismo Gobierno de Álvaro Colom, que no logró una reforma fiscal en 31 meses de su mandato. Además, desechó una oferta de cooperación alemana por Q7 mil millones a cambio de no renovar el contrato. ¿Por qué no le pidió consejos a su homólogo ecuatoriano Correa?

No valen la pena las excusas. Para lograr una reforma fiscal, necesitaba de dos cosas: voluntad política y operadores políticos. Desperdició la oportunidad en 2008 por falta de agallas y contundencia; no pudo derrotar a la oposición en el Congreso a finales de 2009 y desaprovechó la ola de poder político del primer semestre de 2010. Si uno mira alrededor, Panamá, Nicaragua, El Salvador e incluso Honduras han hecho algún tipo de reformas fiscales en el último año. 

Ah no, pero como fue incapaz de lograr una reforma fiscal –en donde se refleja la absurda desigualdad e irresponsabilidad de nuestra sociedad y nuestras élites-, ahora “tiene” que prorrogar un contrato que dañará el humedal más grande de Centroamérica e tiene que ir a pedir limosna en giras por el mundo, en vez de obligar a que los guatemaltecos paguemos impuestos; a que los que tienen más paguen más; y que los exonerados contribuyan al país. Vaya gobierno reformista socialdemócrata. Creo que por el bien del reformismo y la socialdemocracia en la historia del país, mejor debería dejar de autonombrarse así y rebautizarse como un gobierno más de derecha cortoplacista y defensora de intereses privados anti-Estado en la historia de Guatemala. 

PS. ¿Cómo es posible que cuando uno quiere una licencia de conducir de cinco años, Maycom lo haga a uno pagar y emitir una licencia de cuatro años y después repetir todo el procedimiento para pagar y emitir otra de un año y así tener la de cinco? 

martinpellecer@gmail.com

No es fácil comprenderlo entre la bulla de declaraciones en los medios, pero me puse a averiguar y la cosa resulta más sencilla de lo que parece. Es que no es sólo con el número de cédula que uno vota, sino con el número de empadronamiento, y que el padrón electoral es un registro cuidado celosamente por el TSE y depurado en cada elección arriba del 95 por ciento –por más que declaraciones maliciosas de exmagistrados o políticos digan lo contrario. El DPI sustituye a la cédula, pero no al número del padrón, por lo que ese registro no se ha contaminado.  

Es increíble como Radford y Cossich desperdiciaron una oportunidad de oro para crear una nueva institución transparente y eficiente, y dejaron un mamarracho –con la ayuda negligente de muchas municipalidades, incluida la capitalina. Ojalá que el MP investigue a fondo la denuncia de ayer de Prensa Libre contra Radford. Hay que recordar que el Renap tiene asuntos pendientes por responder en los alrededores del caso Rosenberg. Y no es imposible construir instituciones en Guatemala. Miremos la diferencia con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que funciona bien, con profesionales y mística, a pesar de algunos liderazgos autoritarios.  

Regresando a las elecciones, hay que recordar que el TSE es una institución con muchos valientes, comprometidos con la democracia, empezando por el Registro de Ciudadanos, donde don Miguel Solís le dice que no a los que incumplen con la ley; sea Ríos Montt cuando el FRG tenía todo el poder, sea Viva de Harold Caballeros entregando papelería un día tarde, o sea el partido Líder haciendo campaña anticipada. Aunque cambien magistrados, hay una institucionalidad fuerte detrás.  

Recordemos toda la campaña del fraude hace cuatro años cuestionando a los magistrados, que eran muy buenos, y al final tuvimos una elección limpia y transparente. Ahora se intenta hacer campaña nuevamente por el pésimo inicio del Renap, pero creo que incluso los mismos partidos políticos que destituyeron a Radford y el nombramiento de alguien técnico y probo como Jorge Mattheu pueden hacer la diferencia.

En donde tenemos que poner atención es en los ciudadanos que acaban de cumplir 18 años y nunca han votado.  

Pero lo más importante para asegurar la transparencia electoral son los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que madrugan y se desvelan para las elecciones asegurando que todos los votos que se depositan en sus mesas son válidos. Son esos guatemaltecos nuestra mayor garantía contra un fraude. Así que no dejemos que nos intenten asustar y participemos de las elecciones. Los partidos políticos bien podrían abonar a la causa dando más herramientas al TSE para fiscalizar y haciendo que los partidos y las campañas se independicen del financiamiento privado (legal e ilegal) y sean financiados por el Estado, como sucede en buena parte del mundo.  

PS. Los ataques al transporte público son el equivalente a los atentados terroristas contra los metros de ciudades europeas. Los medios, los “analistas” y los políticos no pueden ser irresponsables de hacerles el juego a los criminales, menos cuando los ataques son una respuesta a las acciones exitosas para desarticular algunas mafias por parte del ministro Carlos Menocal, la comisionada Helen Mack, la CICIG y el MP.  

PS2. Dándole vueltas a la idea sobre quién podría ser el nuevo fiscal general, se me ocurrió Rony López, fiscal contra el crimen organizado, con un récord muy bueno y mucha valentía. No estaría mal, ¿no?

martinpellecer@gmail.com

La semana pasada vimos lo que puede ser la caricaturización de la política en la campaña. La acusación al presidente Colom y Sandra Torres de ser chavistas tuvo la respuesta oficial de denuncia como desestabilizadores a quienes lo digan, porque en realidad el jefe de Gobierno “es la reencarnación de Juan José Arévalo”. Por favor. Ni lo uno ni lo otro.  

Si uno revisa las declaraciones del empresario Dionisio Gutiérrez en el programa que enojó al presidente Colom, su descripción del gobierno como uno en ruta al chavismo es un análisis pobre y simplista, que sigue el juego a la campaña sinsentido de partidos como el PP y Lider. Mi Familia Progresa es de inspiración brasileña, los gabinetes móviles son de inspiración colombiana, Guatemala no es parte del ALBA y este gobierno no ha hecho ninguna reforma estructural del país –fiscal, electoral, política, nada-. Tampoco ha coartado la libertad de expresión; de hecho, aprobó la Ley de Libre Acceso a Información.  

De que Gutiérrez acuse al gobierno de chavista a que intente desestabilizarlo para hacer un golpe a la hondureña, hay un trecho. Acusar de chavista a un gobierno no es desestabilizarlo ni conspirar. Es más, el presidente Colom no sólo sobredimensiona a Gutiérrez cuando lo acusa sin pruebas desde España, sino que deslegitima los esfuerzos exitosos de la CICIG y el MP de perseguir y encarcelar a los que sí conspiran para obstruir la justicia –como sucedió la semana pasada en Italia, donde capturaron a tres empresarios amigos del presidente Berlusconi por querer poner a su gente en la CC italiana-. Creo que nos conviene saber diferenciar entre desprestigiar o deslegitimar y conspirar. Ambos son rechazables, pero no son lo mismo. 

Un coro de columnistas y periodistas señaló al presidente –con razón- por pasarse de la raya con las acusaciones contra el ciudadano Gutiérrez, pero ese coro pasó por alto la campaña calumniosa de colocarlo como chavista para deslegitimarlo; tampoco se vale bajar tanto el debate político cuando Guatemala necesita discutirse a sí misma porque los cambios son demasiado lentos y frágiles para lo demanda un país con muchas injusticias, mucho egoísmo e hipocresía, con 56 por ciento de pobres y unos 13 asesinatos diarios.  

Creo que el presidente Colom debería demostrar las pruebas de conspiración, si es que las tiene, porque tampoco se vale acusar con base en prejuicios. Tampoco se vale darnos golpes de pecho diciendo que somos niños de primera comunión comprometidos con la democracia. Los actores políticos tenemos que ratificar con hechos nuestra creencia en la democracia y defenderla de los verdaderos atentados contra ésta, porque los autoritarismos respaldados por las élites económicas están a la vuelta de la esquina, tanto en Honduras como en Nicaragua –sí, en Managua los empresarios de la élite son los mejores amigos de Ortega-.  

Vender al gobierno del presidente Colom como el de Arévalo es una exageración que deslegitima a la Revolución de Octubre, que, por ejemplo, no tenía entre sus operadores políticos ni entre sus aliados a corruptos descarados o a mafiosos, y sí hizo cambios estructurales. Álvaro Colom no es Chávez ni es Arévalo; es Álvaro Colom, son sus complejidades, virtudes y limitaciones en un gobierno de 2008 a 2011 en Guatemala y un partido que es un despropósito e intentará, legítimamente, reelegirse.

Así que bueno, como ciudadano me gustaría pedirles a ambos bandos que dejen de construir espejismos y creérselos porque el que pierde es el país y no nos podemos dar tiempo para eso.  

PS. Qué  vergüenza la Corte de Constitucionalidad apañando la corrupción privada al botar el acuerdo ministerial que exigía a las empresas y ONGs que negociaran con el Estado que sus acciones fueran nominativas y no secretas, como lo demanda el mundo a Guatemala. No nos hacen ningún favor con proteger la opacidad y la corrupción, y serán responsables de las sanciones que nos pongan en 2011. 

martinpellecer@gmail.com

Cuando las élites económicas, militares y políticas sacaron a Zelaya por medio de un Golpe de Estado, creyeron que provocaría un disgusto internacional de una semana y todo volvería a la normalidad. No podían estar más equivocados. Un año después, el Estado y la economía están quebrados y el país está polarizado, aislado, más pobre y sin futuro.

Tras una semana de entrevistas en Tegucigalpa con actores clave para un análisis de economía política, pude corroborar el mal negocio que ha sido para el país el Golpe de Estado. La prédica de las derechas centroamericanas de que “la crisis ya está resuelta” es una quimera. Tanto golpistas como antigolpistas reconocen que la situación en el país es caótica e insostenible. Esto por la cerrazón de los golpistas, que se empeñan por restaurar un status quo político obsoleto, incluso a costa de derrocar al presidente Porfirio Lobo, electo en noviembre de 2009.

Aquel 28 de junio los militares hondureños se vendieron a las élites para una ilegalidad, y sacaron a Zelaya del poder –cuando ya no tenía poder, provocando el caos-. Una carta falsificada de renuncia del 25 de junio, la compra de la Corte Suprema en pleno, la voracidad de los diputados y la complicidad de los medios cerraban el “Golpe perfecto”, perfecto si viviéramos en autarquías incomunicadas del siglo XIX.

No pensaron que se cerraría el grifo de cooperación y préstamos para el Estado, se paralizaría la inversión extranjera y su país sería un paria. Los meses del Golpe fueron fatales y el gobierno de Micheletti aumentó la deuda por US$300 millones para evitar el colapso total del Estado, para pagar lobistas en EEUU y llevarse dinero a su casa. Y sin préstamos del BID y una élite y una ciudadanía renuentes a pagar impuestos hasta el día de hoy, el Estado sigue en bancarrota.

(El BID no da préstamos porque los bloquea Brasil, que pone como condición que regrese Zelaya y que se cambie la Corte Suprema, tomada por la élite golpista. Agilísimos los brasileños en diplomacia, como siempre)

Tras de unos comicios fraudulentos –estilo los de Nicaragua en 2009-, ganó la presidencia Lobo, un moderado del conservador Partido Nacional. Contrario a lo que piensa la derecha golpista y a lo que piensa el Frente de Resistencia, Lobo no está siendo un gobierno de continuación del Golpe sino una consecuencia del Golpe. Como no entienden la diferencia, los del Frente de Resistencia ven en él a Micheletti y no lo reconocen, y los golpistas de extrema derecha amenazan con sacarlo por no ser un Micheletti.

Lobo tiene un gobierno débil, más débil aún porque no es de unidad nacional porque no están los del Frente ni  zelayistas, que pueden ser como 30 por ciento de los hondureños. Lobo, por ejemplo, está convencido de proteger los derechos humanos, pero no puede detener a los cuerpos paralelos –recordemos que en Honduras no hay CICIG ni MP en recuperación-. Además, busca una reconciliación sin reparar a las víctimas sino sólo a los victimarios.

El Golpe fue un testimonio de la incapacidad del Estado de procesar las tensiones por la vía democrática y de lo obsoleto del sistema político. Ahora hay dos opciones. La de la derecha, que quiere reconstruir la vieja institucionalidad, obsoleta antes del Golpe y destruida después del Golpe; y debería recapacitar. Y la de los moderados de derecha, los de centro y los moderados y radicales de izquierdas que saben que no hay otra salida que reformas estructurales. Ni los primeros ni los segundos tienen la fuerza política o la legitimidad, de momento, para conseguir su objetivo. Honduras está, en julio de 2010, realmente empantanada.

Pan para nuestro matate. ¿Es eso lo que los principales actores políticos gubernamentales y económicos quieren para Guatemala en 2012? Yo, como ciudadano, no lo quiero.

PS. Precaución cinematográfica. Toy Story 3 es la peor película de miedo para niños; les causa pesadillas y debería estar restringida para adultos.

martinpellecer@gmail.com

Qué lejos queda aquel 12 de enero de 2010 cuando la CICIG absolvió a la pareja presidencial del caso Rosenberg y el Gobierno de Colom rebosaba de poder político y legitimidad, cuando tenía ese segundo aire de mandato para hacer alguna, una al menos, de las reformas estructurales que había prometido el gobierno “socialdemócrata”. Hoy está en sus horas más bajas, quizás, desde el mismo caso Rosenberg. 

No es porque se le vaya medio gabinete económico. En Economía habían acusaciones de corrupción y quien llega, Erick Coyoy, es garantía de decencia y visión de Estado. En Energía, había un ministro que no siempre trabajaba por los intereses del Estado –aunque sí era un interlocutor con el sector privado, que se pierde-. El problema serio para el Gobierno y para el Estado es la salida de Juan Alberto Fuentes Knight del Ministerio de Finanzas; y en menor medida, la renuncia (¿revocable quizás?) de Roberto Alejos a la UNE. Ésa deja al partido sin uno de los liderazgos lúcidos y ojalá que no decante al partido por las mafias en vez de las izquierdas. 

Cuando empezó el gobierno hice una comparación del gabinete con un equipo de futbol, y pensé en Fuentes como uno de los dos delanteros. Claro, eso pensando que tenía más ganas y posibilidades que ningún gobierno anterior de lograr la esperada reforma fiscal integral –esa que llevamos intentando desde 1951 y que la élite económica ha bloqueado-. Dos años y medio después de iniciado el partido, Fuentes era más bien el líbero, el último defensa para transparentar y ordenar los gastos; la última fuente de credibilidad ante la comunidad internacional. Y el Presidente no le dio el apoyo necesario, ni cuando era delantero, ni cuando era líbero. 

Al Gobierno, al Presidente y a la UNE en el Congreso les faltó decisión, liderazgo y operadores políticos para lograr la reforma. En 2008 optaron por una reformita para evitar pelearse con el CACIF. En el 2009 el caso Rosenberg les congeló y no lograron siquiera un impuesto a las telefónicas, cosa que sí hicieron el resto de Centroamérica. Y en 2010, dejaron ir el momento político para una reforma fiscal, tras la defensa alharaca del CACIF y filibusterismo de la oposición, cuyos piratas tienen mucho que ver con el cansancio de Fuentes. ¿Vale la pena tanta humillación a un funcionario que protegía no sólo los intereses de un gobierno sino los del Estado? En fin, dos años y medio sin una reforma fiscal de verdad. Ahora, con una dinámica electoral clientelar y un Gobierno tan débil y tonto, la reforma se antojaba imposible. 

Fuentes estaba logrando avanzar la agenda de transparencia, para evitar goles corruptos al Estado, y ahora se va con la nave a la deriva. Me consta que Fuentes ha dejado canas, sudor, humillaciones y trabajo arduo detrás. ¿Pero no es que los traiditos no se van antes del final de la película? El Estado no tiene dinero asegurado para llegar a fin de año y no hay otro funcionario con la credibilidad de él para pedir préstamos. Viene año electoral. Si no podía meter goles, ¿no podía al menos evitar que se los metieran al Estado y a la institucionalidad del país? 

Por el nuevo ministro Ballsels, que viene a jugar de líbero, no de delantero, yo no apostaría nada con su antecedente de apoyo ciego a la corrupta Franja Transversal del Norte. Espero estar equivocado. Es que con esta salida de Fuentes, lo único que diferencia al Gobierno de Álvaro Colom del corrupto gobierno portillista-eferregista –además de los logros en educación y salud- es el esfuerzo de Mack, Menocal y la CICIG por rescatar a las instituciones de seguridad y justicia de las mafias; es lo único que los diferencia. Ojalá que el presidente Colom tenga claro el lugar y el momento por el que pasa su administración. 

martinpellecer@gmail.com